El agua es un recurso esencial para la vida, la salud, la producción de alimentos y la generación de energía. Sin embargo, su disponibilidad y calidad se ven amenazadas por factores como el crecimiento demográfico, el desarrollo económico, la contaminación y el cambio climático. Según la ONU, más de 2.000 millones de personas viven en países con estrés hídrico y se prevé que para 2050 esta cifra aumente a 5.700 millones.
El estrés hídrico se produce cuando la demanda supera la cantidad o la calidad del recurso y en España lo sufren 14 de las 17 comunidades autónomas. Ante este escenario, se hace necesario adoptar medidas urgentes para garantizar una gestión eficiente, equitativa y sostenible del agua, que permita satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población y los ecosistemas.
Actualmente, nuestro país tiene una reserva hídrica de 28.095 hectómetros cúbicos, lo que representa el 50,1% de su capacidad, según los últimos datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las zonas del sur y del noreste, incluidas las provincias de Alicante, Murcia y Albacete son las más afectadas por la sequía. Esta coyuntura coloca a España en el tercer puesto de los países europeos con mayor estrés hídrico.
Una de las situaciones más críticas se vive en Cataluña. Las cuencas internas de la región están por debajo del 16% de su capacidad, lo que ha obligado a la Generalitat a activar el estado de emergencia con severas restricciones de agua que alcanzan a más de 200 municipios.
El bajo nivel de los embalses españoles es preocupante no solo para el abastecimiento humano, sino para sectores productivos como la industria, el turismo y la agricultura. Esta última es posiblemente la más afectada por la sequía, ya que es la responsable del 80% del consumo de agua.
Según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPPC), la región mediterránea es especialmente sensible a los efectos del cambio climático, provocando deterioro de los ecosistemas fluviales, disminución de la seguridad hídrica e intensificación de los episodios de lluvias torrenciales y sequías. Algunos expertos calculan que las precipitaciones en España podrían disminuir entre un 5% y un 10% para finales del siglo XXI.
Para dar respuesta a los retos que plantea el cambio climático en la gestión del agua, el 19 de julio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó una serie de orientaciones estratégicas previstas en la Ley 7/2021, de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética. Estas orientaciones diseñan las bases para transformar el actual sistema de gestión del agua hacia la consecución de una serie de objetivos ambientales relacionados con la calidad del agua y la biodiversidad.
Entre las líneas de actuación previstas se encuentra la aprobación del nuevo ciclo de planificación hidrológica 2022-2027, una herramienta clave para abordar la gestión del agua en España, en línea con los principios y estrategias del
Pacto Verde Europeo y con los objetivos de adaptación al cambio climático. Los objetivos que se plantean en este tercer ciclo, con una inversión prevista de 21.000 millones de euros, son reducir las presiones que soportan las masas de agua, mejorar los sistemas de depuración, fomentar el ahorro de agua y la reutilización, y atender las demandas de agua para que sean compatibles con su buen estado, permitiendo asegurar la calidad y cantidad del recurso.
Esta nueva estrategia tendrá que hacer frente no solo a los graves problemas de escasez de precipitaciones y bajo nivel de la reserva hídrica, sino a otros grandes retos como el de la sobreexplotación y el mal estado de las infraestructuras hidráulicas. Esto último genera pérdidas de agua y aumenta el riesgo de roturas y averías. Sólo el 17% de estas infraestructuras tiene menos de 10 años y un 26% tiene más de 40. El envejecimiento de las redes provoca pérdidas de agua cuyos datos son alarmantes. Se calcula que el 15% del agua se pierde por fugas de cañerías. Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Cantabria son las regiones que presentan las infraestructuras más envejecidas, llegando a tener hasta un 24% de pérdidas.
Ante esta situación, según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), es indispensable acometer tanto la renovación de infraestructuras como la construcción de otras nuevas.
Consciente de esta necesidad, en el marco de los Planes Hidrológicos 2022-2027, el Gobierno de España prevé una inversión de 11.839 millones para impulsar la desalación y la reutilización, así como la eficiencia en el uso del recurso, a través de la mejora de las conducciones e infraestructuras de regulación. A esta dotación se suman, además, 3.060 millones del PERTE de digitalización del agua, que impulsa el uso de nuevas tecnologías y supondrá un avance cualitativo en la gestión del agua y las sequías.
«España ocupa el tercer puesto de los países europeos con mayor estrés hídrico»
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